Bruselas - En la carrera por desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus, los laboratorios buscan protegerse y ejercen presión sobre los gobiernos europeos para que compartan los riesgos financieros en caso de demandas por efectos secundarios indeseables.

El 27 de agosto, la Comisión Europea firmó, en nombre de los 27 países de la UE, un primer contrato con la compañía británica AstraZeneca para la compra de cientos de millones de dosis tan pronto como la vacuna esté disponible. Mientras, continúan las conversaciones con el grupo franco-británico Sanofi-GSK, el estadounidense Johnson&Johnson, el alemán CureVac y el estadounidense Moderna.

Los grupos farmacéuticos esperan encontrar una vacuna en un plazo mucho menor que lo habitual, de entre 12 y 18 meses, en lugar de diez años o más.

En estas condiciones, no se pueden estudiar plenamente los efectos secundarios indeseables, y en particular los de medio o largo plazo, lo que podría abrir la puerta a reclamos o demandas de indemnización por parte de pacientes.

Ante esta situación sin precedentes, los gobiernos -enfrentados a un virus que amenaza a su población y ha hundido su economía- se han comprometido con una participación financiera.

"Para compensar los altos riesgos asumidos por los laboratorios, los contratos de compra anticipada prevén que los Estados de la UE compensen a los fabricantes por las responsabilidades en que incurran en determinadas condiciones", anunció la Comisión, sin más detalles. Requeridos por la AFP, ni AstraZeneca ni Sanofi comentaron la declaración.

"Secreto" de las negociaciones

Los países europeos parecen no tener muchas opciones, como mostró la controversia en torno a Sanofi en Francia, en mayo. Su director gerente, Paul Hudson, había sugerido que otorgaría la primera vacuna a Estados Unidos.

En Estados Unidos la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Avanzados en el Campo Biomédico (BARDA), que depende del Departamento de Salud, "se está movilizando rápidamente" y "colaborando con la industria" para "asegurar que la capacidad de producción se cumpla y los riesgos sean compartidos", comentó en esa oportunidad.

La Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA) -que incluye a nombres de peso como Sanofi, GSK, Johnson&Johnson o AstraZeneca- y Vaccines Europe -que nuclea los laboratorios especializados en vacunas-, apuntaron a AFP que están "en discusión con las autoridades europeas" para desarrollar un sistema de compensación en caso de efectos secundarios.

"Todo sistema debe permitir indemnizar al paciente afectado a un nivel justo, evitando demoras interminables debido a litigios prohibitivamente costosos y resultados inciertos", enfatizaron.

Sin embargo, si los Estados europeos están dispuestos a contribuir financieramente, solamente los laboratorios serán responsables, sostiene la Comisión Europea.

En junio de 2017, Europa aumentó la presión sobre los grupos farmacéuticos, y el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la responsabilidad de una vacuna en el desarrollo de una enfermedad podría reconocerse incluso en ausencia de certeza científica.

Esta decisión, que facilita la indemnización por accidentes, se tomó tras una década de trámites entre pacientes con esclerosis múltiple y los fabricantes de vacunas contra la hepatitis B, los laboratorios Sanofi Pasteur y GlaxoSmithKline.

Yannis Natsis, representante de los pacientes ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) -que emite autorizaciones de comercialización-, señaló recientemente su preocupación por la "naturaleza secreta de las negociaciones" entre fabricantes y autoridades de vacunación.

"Los contribuyentes deben saber cuáles son los términos de los acuerdos" con los laboratorios, expresó tras el anuncio del contrato entre AstraZeneca y la Comisión Europea.

Por Celine Le Prioux