Londres - La idea de un nuevo referéndum sobre la Unión Europea centró el inicio del examen de la ley del Brexit en la Cámara de los Lores, tras filtrarse un informe que admite el impacto económico de la salida.

Los conservadores de la primera ministra Theresa May no tienen mayoría en esta cámara alta, que generalmente se inhibe y sanciona las leyes sin enmiendas, pero que en esta ocasión parece decidida a dejar su huella en el proyecto de ley.

En el primer signo de lo que le espera al proyecto de ley, un lord laborista, Andrew Adonis, presentó el 31 de enero una enmienda para un segundo referéndum. "Sólo se le dio a la gente la primera palabra sobre el Brexit, la última debería recaer también en el pueblo" una vez conozca los términos del acuerdo final de salida, dijo Adonis.

Casi 200 lores -parlamentarios no elegidos, entre los que se mezcla la aristocracia, la Iglesia y miembros designados por los partidos- han solicitado intervenir en los dos días de debate.

La líder de los conservadores de May en la cámara, Natalie Evans, recordó a los lores que deben "respetar la voluntad" del pueblo, expresada en el referéndum.

No hay desenlace bueno del Brexit

La perspectiva de un segundo referéndum se verá seguramente reforzada por el informe confidencial del gobierno, filtrado por el medio digital Buzzfeed, que admite que el Reino Unido perderá económicamente en todos los casos, sea cual sea el acuerdo de salida que alcance con la Unión Europea.

El informe oficial fue elaborado en enero de 2018 y examina tres desenlances posibles. Si el país se quedara en el mercado único europeo -una posibilidad descartada por May-, su crecimiento sería un 2% inferior en los próximos 15 años.

Aunque alcanzara un acuerdo de libre comercio con el bloque, dejaría de crecer un 5%, pero si lo abandonara sin acuerdo y empezara a comerciar según las reglas que valen para cualquier país tercero, entonces dejaría de crecer un 8%.

El gobierno trató de minimizar el impacto de la filtración asegurando que se trata de un documento "provisional".

Se espera que la cámara alta vote en abril. Si el texto no contiene enmiendas, quedaría definitivamente aprobado, de lo contrario, volverá a la Cámara de los Comunes.

Durante su paso por ésta, once miembros del partido conservador de May se aliaron a la oposición para introducir una enmienda asegurándose de que el parlamento tendrá un "voto significativo" sobre el acuerdo final de Brexit.

Una ley de cortar y pegar

La ley que se debate estos días debería permitir al Reino Unido seguir funcionando con normalidad cuando se separe definitivamente de la Unión Europea a finales de marzo de 2019.

Por ello, es en realidad un "ejercicio de cortar y pegar", como la describió el diario The Times, y consiste básicamente en derogar la ley de 1972 que certificó el ingreso en la UE, al tiempo que se adoptan todas las leyes europeas al ordenamiento británico.

El objetivo es que el día que el Reino Unido salga de la UE, en marzo de 2019, las empresas y ciudadanos no se topen con miles de cambios.

La controversia viene de lo que ocurrirá luego. Como muchas leyes exigirán al menos cambios cosméticos -donde haya menciones a tratados europeos o a la UE-, el gobierno quiere que los ministros puedan hacer esos cambios sin pasar por el parlamento, amparándose en lo que se conoce como "poderes de Enrique VIII", por su origen histórico.

Pero la oposición teme que el gobierno abuse de esos poderes para introducir cambios profundos, y no meramente formales, y que por el camino se pierdan derechos hasta ahora protegidos por las leyes europeas.

El comité sobre el Brexit de la cámara alta ya manifestó que estos poderes que reclama el gobierno son "totalmente inaceptables".

Por Alice Ritchie y Alfons Luna

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