Los 28 mandatarios europeos reflexionan si consagrar estas plataformas, que permitirían "distinguir entre migrantes económicos" y aquellos que pueden optar a la "protección internacional" en la UE, según el proyecto de conclusiones de la próxima cumbre.

Los europeos tenían previsto aprobar en su reunión del 28 de junio su nueva política de asilo, pero la acogida de los cientos de miles de migrantes llegados a Europa desde 2015, especialmente a Italia y Grecia, sigue dividiendo al bloque donde la tensión entre socios al respecto es máxima.

El control de las fronteras desplazó a la reforma del asilo en las prioridades europeas, impulsado por los países del Este, reticentes en los últimos años a acoger refugiados, a los que se suman países como Austria o Italia, que cuentan con partidos de ultraderecha en sus gobiernos.

El nuevo ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, rompió con la política de sus predecesores e impidió el desembarco de buques de oenegés con migrantes socorridos en el Mediterráneo, como el caso del "Aquarius", asegurando que Roma no quiere ser cómplice de los traficantes de migrantes.

Y la influyente canciller alemana, Angela Merkel, quien abanderó la solidaridad en el bloque en el momento álgido de la crisis migratoria en 2015, enfrenta un ultimátum de su propio ministro del Interior, que amenazó con cerrar las fronteras de Alemania si no hay una solución europea al desafío migratorio.

"Si los Estados miembros empiezan a actuar unilateralmente, se producirá un aumento global de la migración hacia Europa", según una declaración conjunta del presidente francés, Emmanuel Macron, y Merkel, quienes abogaron por una respuesta común en la UE.

Cuotas de la Unión Europea para reubicar a los migrantes. Gráficos: Gillian Handyside, Sophie Ramies

"Fuera de la UE"

Aunque hasta ahora sólo había sido abordada de manera puntual por algunos países, la solución conjunta en la UE parece pasar por las "plataformas" en países de fuera del bloque, adonde se enviarían a los migrantes rescatados en el mar para proceder a su selección.

Vincent Cochelet, el enviado especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para el Mediterráneo, evocó recientemente esta idea, un mecanismo "similar al existente en los años 70 en el Sureste de Asia durante la crisis de los 'boat-people'".

"ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras organizaciones podrían ayudar a los Estados para que rápidamente se ayude a aquellos que no necesitan protección internacional a regresar a sus países", explicó a la AFP.

Las plataformas, una medida que según el proyecto de conclusiones de los mandatarios busca "reducir el incentivo para embarcarse en travesías peligrosas", se situarían "fuera de la UE", según una fuente europea. El borrador todavía puede cambiar antes de la cumbre.

Aunque el documento no precisa dónde se situarían exactamente, otra fuente europea indicó a la AFP que Túnez podría ser el destino final. Albania, en los Balcanes, también sonó recientemente para este tipo de proyecto.

Asilo en blanco

El proyecto de conclusiones, consultado por la AFP, prioriza así el aspecto externo de la migración con llamados también a cooperar "con los países de origen y tránsito" de los migrantes e "intensificar" el apoyo a los guardacostas libios en la lucha contra los traficantes de personas.

De confirmarse, este plan podría aportar una solución sobre dónde desembarcar a los migrantes socorridos en el mar. Pero la cuestión de fondo, la política de asilo, sigue sin un consenso en la UE, como demuestra el espacio en blanco consagrado en el documento a la reforma del llamado 'Reglamento de Dublín'.

Desde 2015, casi 500.000 migrantes llegaron a las costas de Italia y un millón más a las de Grecia. Las reglas europeas estipulan que estos países son los encargados de gestionar las solicitudes de asilo, ya que fueron el primer territorio europeo que pisaron.

La Comisión Europea aboga por consolidar el sistema de cuotas de reparto de refugiados entre el resto de países europeos para períodos de crisis, como se hizo entre 2015 y 2017, algo a lo que los países como Hungría, Polonia y Viena se oponen. Los mediterráneos lo consideran insuficiente.

Por Toni Cerdà