Bruselas - Bruselas propuso elevar a casi 1,28 billones de euros el primer presupuesto plurianual de una Unión Europea (UE) sin Reino Unido, con una controvertida medida para castigar las violaciones del Estado de derecho en plena tensión con países de la antigua órbita soviética como Polonia.
"Nuestras propuestas se traducen en un importe global de 1,279 billones de euros", anunció ante la Eurocámara el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para quien el proyecto, que deben ahora negociar con la Eurocámara y los países del bloque, es "razonable" y "responsable".
La UE empieza así a dar forma a su porvenir financiero sin Reino Unido, cuya marcha del bloque en marzo de 2019 -aunque seguirá contribuyendo a su presupuesto hasta el final del actual plan plurianual en diciembre de 2020- supone un déficit de 15.000 millones de euros, según Juncker.
Pese a contar con un contribuyente menos, el monto total progresa desde los 1,087 billones de euros del vigente Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020 de 28. Los 27 países que continúan en la UE destinarán a partir de 2021 un 1,11% de su renta nacional bruta, en lugar del 1% actual.
Sin embargo, la propuesta de Bruselas para pasar la página del Brexit y de las recientes crisis económica y migratoria no es del agrado de todos. Francia criticó duramente, por ejemplo, la previsión de recortes en un apartado clave: la Política Agrícola Común (PAC).
Y Holanda, Dinamarca y Austria se mostraron además reacios a aportar más dinero, porque "una UE más pequeña significa un presupuesto más pequeño", en palabras del primer ministro danés, Lars Lokke Rasmussen, en la línea de lo expresado por su par holandés, el también liberal Mark Rutte.
Agricultura, cohesión...
La elaboración del proyecto de presupuesto era compleja ante las reticencias de algunos países de aumentar su contribución nacional, sumada a la necesidad de financiar nuevos programas en el sector digital, investigación, defensa o protección de fronteras, en los que basan el renacimiento de la UE post-Brexit.
Bruselas propone así una "reducción moderada" de alrededor del 5% tanto de la PAC como de la política de cohesión, que en el anterior presupuesto plurianual 2014-2020 representaban más de dos tercios del monto total, indicó el Ejecutivo comunitario.
Es un presupuesto "justo para todos", "no es una masacre", defendió el presidente de la Comisión Europea. La reducción en el apartado agrícola es "drástica, masiva y ciega" , estimó por su parte el ministerio de Agricultura de Francia, primer país beneficiario de la PAC.
Un manifestante contra el Brexit ante el Parlamento británico, en Londres. Fotógrafo: Daniel Leal-Olivas / AFP
Los países de la antigua órbita soviética son, por su parte, los principales beneficiarios de los fondos de cohesión del actual presupuesto, que buscan disminuir las diferencias de desarrollo entre las regiones europeas.
Sin embargo, a partir de 2021, los países del sur del bloque como España, Italia y Grecia podrán sacar más provecho de estos, ya que Bruselas incluye el desempleo, especialmente juvenil, y la integración de migrantes como criterios para su asignación.
"La política de cohesión sirve a toda la UE. Desde luego, no aceptaremos recortes desproporcionados en este ámbito", dijo el miércoles a los periodistas en Varsovia, Konrad Szymanski, secretario de Estado para Asuntos Europeos de Polonia.
... y Estado de derecho
Bruselas se encamina a un nuevo choque con los países del Este, especialmente con el primer beneficiario de los fondos de cohesión, Polonia, al introducir también en su plan una herramienta que vincularía el acceso de los fondos comunitarios al respeto del Estado de derecho.
Aunque Juncker indicó que la propuesta "no se dirige a ningún Estado miembro en particular", esta llega en un contexto de tensión con el gobierno nacionalista conservador polaco por sus controvertidas reformas del sistema judicial.
Recientemente, Szymanski ya había advertido que no aceptarían una "gestión de fondos" convertida en "un instrumento de presión política a la carta", máxime cuando el presupuesto requiere el visto bueno de los países por unanimidad y de la Eurocámara.
Como nuevos recursos propios, Bruselas estudia también contar con una parte de los ingresos procedentes de los impuestos a los derechos de emisión de carbono y la creación de un nuevo impuesto sobre los residuos plásticos no reciclados.
Bruselas, que debe negociar ahora con la Eurocámara y los países reunidos en el Consejo de la UE, espera un acuerdo final para antes de las elecciones europeas de mayo de 2019, pero "las negociaciones suelen tomar dos años", advierte una fuente diplomática.
Por Toni Cerdà
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